"Concluimos que los demandados no actuaron irrazonablemente en el uso de gas pimienta en contra de los demandantes o en patearles, darles puños o golpearles con macanas. Debido a que concluimos que los demandantes no utilizaron fuerza excesiva en violación a la Cuarta Enmienda, los demandantes no pudieron satisfacer el primer requisito de análisis de inmunidad cualificada el cual les requería probar sus alegaciones, que de ser ciertas, establecerían una violación constitucional. Por lo que entendemos que los demandantes tienen derecho a una sentencia sumaria basada en la inmunidad cualificada", expresa la orden de Fusté.

Asimismo, desestimó todos los reclamos de los demandantes, por lo que no llegó a considerar el argumento de los demandados de que los demandantes carecen de legitimación activa.

"Concluimos que ante una muchedumbre molesta que gritaba insultos a los agentes y cargaron rocas que luego lanzaron a los vehículos del FBI en su partida, los demandados razonablemente pudieron haber creído que era necesario usar fuerza física en contra de los miembros de la multitud que incluyera patadas, puños y golpes contra los demandantes con macanas a fin de prevenir que la situación escalara a una que amenazara la seguridad de los agentes, de la muchedumbre y del público inocente", señala la orden.

A su vez, expresa que es imposible determinar exactamente las medidas necesarias para controlar al público en el edificio De Diego 444.

De igual forma, destacó que otros tribunales han determinado que el personal del orden público puede razonablemente utilizar la fuerza contra los miembros de una muchedumbre que ignore instrucciones de dispersarse o que crean una potencial amenaza de seguridad.

Por su parte, Mark J. López de la "American Civil Liberties Union Foundation", organismo que representa a los demandantes, anticipó que apelarán la decisión en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito y expresó su decepción por la determinación del Juez de desestimar el caso antes de que fuera presentado ante un jurado.

"Es un día triste para la prensa libre cuando un Juez de la Corte Federal de Estados Unidos determina que fue razonable para los agentes atacar físicamente a un grupo de reporteros por ser percibidos como una amenaza a los agentes que conducían un allanamiento de alto perfil en la residencia de una ciudadana privada. No existe base en ley para creer que los reporteros ponían en peligro la seguridad de la operación y de los agentes", afirmó en un comunicado de prensa.

Mientras, el director del FBI, Luis Fraticelli, manifestó en un comunicado de prensa que está orgulloso de sus agentes y que desde un principio estaba seguro de que se iba a determinar que estos actuaron razonable y apropiadamente.

El 20 de septiembre del 2006, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Overseas Press Club (OPC) y seis reporteros en su carácter individual demandaron al FBI al alegar que se les violaron sus derechos civiles y constitucionales tras la agresión física por parte de agentes de este organismo estadounidense, mientras cubrían un allanamiento ocurrido el 10 de febrero del pasado año en el apartamento de la líder independentista Liliana Laboy, ubicado en el edificio De Diego 444 en Río Piedras.